Por Felipe Lora Longo,
Debo aclarar que por mi incapacidad de hacerme presente , debido a la distancia, el pasado lunes, día 15 de julio en la Vista Pública ante la Comisión Especial PL Código Penal de la República Dominicana, he decidido hacer pública la siguiente intervención preparada para dicha vista pública. (#Diputados)
Honorables Diputados, distinguida audiencia,
Me dirijo a ustedes en esta vista pública para hablar sobre el estado actual del Código Penal dominicano, los intentos pasados por reformarlo, las causas por las que dichos intentos no prosperaron, y la necesidad de un código penal moderno, ajustado a la realidad nacional que realmente responda a las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad.
El Código Penal vigente en la República Dominicana data de 1884, con algunas modificaciones a lo largo de los años. Este código, aunque ha servido al país durante más de un siglo, presenta varias deficiencias y anacronismos que ya no se ajustan a la realidad social, económica y cultural actual del país. Problemas como la corrupción, la violencia de género, el aborto, los delitos ambientales, el abuso infantil, y los derechos de las minorías no están adecuadamente abordados en el marco actual.
Honorables Disputados, nuestro obsoleto código penal ha creado dos sistemas judiciales, y nuestras cárceles son testigos; uno para los oligarcas y clase alta y otro para el pueblo.
La descripción anterior deja claro la urgente necesidad lo que crea una necesidad urgente de una revisión integral.
A lo largo de las últimas décadas, se han realizado varios intentos para actualizar y modernizar el Código Penal dominicano:
- Reforma de 2004: Este intento se centró en modernizar el código y adaptarlo a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la falta de consenso político y las presiones de diversos grupos de interés impidieron su promulgación final.
- Reformas de 2010 y 2014: En estos años, se introdujeron nuevas propuestas que incluían la penalización de ciertos delitos medioambientales y mejoras en la protección de derechos humanos. Sin embargo, nuevamente, la falta de consenso y la influencia de grupos conservadores bloquearon su avance.
- Reformas de 2016 y 2021: Estos proyectos buscaron abordar de manera más integral los derechos de las mujeres, incluyendo la inclusión de las tres causales para la despenalización del aborto. La resistencia de sectores conservadores y la falta de apoyo suficiente en el Congreso resultaron en su fracaso.
Causas del Fracaso de las Reformas
Las razones por las cuales los intentos de reforma no han prosperado son variadas y complejas:
- Falta de Consenso Político: La diversidad de opiniones y la polarización política han dificultado la creación de un acuerdo amplio que permita la promulgación de una reforma integral y moderna del Código Penal.
- Presión de Grupos de Interés: Tanto los grupos conservadores como las iglesias han ejercido una fuerte influencia, oponiéndose a cambios que consideran contrarios a sus principios, especialmente en temas relacionados con los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+.
- Deficiencias en la Participación Ciudadana: La falta de consulta y participación activa de la ciudadanía en el proceso de reforma ha generado desconfianza y falta de apoyo popular. Las decisiones han sido percibidas como impuestas desde arriba, sin considerar adecuadamente las necesidades y preocupaciones de la sociedad. Este mismo proceso han sido mortalmente manchado por estas deficiencias y por las Inaceptables y descaradas aprobaciones, sin discusión ni lectura, el Senado de la República, ni en su primera introducción en esta misma Cámara de Diputados.
- Intereses Económicos y de Poder: La protección de intereses económicos y políticos ha jugado un rol significativo. Algunos actores han temido que una reforma profunda pueda afectar sus privilegios y redes de poder.
Un Código Penal Democrático y Moderno: La Reforma que el Pueblo Merece
Para abordar de manera efectiva las deficiencias del actual Código Penal y responder a las necesidades del pueblo dominicano, se propone una reforma con enfoque democrático, basada en los siguientes principios:
- Justicia Social y Derechos Humanos: Garantizar que las leyes penales protejan a los ciudadanos y promuevan la igualdad. Esto incluye la revisión del sistema de penas para asegurar que sean proporcionales y justas, evitando castigos excesivos o discriminatorios.
- Transparencia y Participación Ciudadana: Involucrar activamente a la sociedad civil, expertos legales y organizaciones de derechos humanos en el diseño de la reforma. Los debates públicos y la consulta popular son esenciales para definir los cambios necesarios y construir consenso.
- Enfoque en Prevención y Rehabilitación: En lugar de centrarse exclusivamente en la represión, la reforma debería considerar programas de prevención del delito y rehabilitación de infractores. La inversión en educación, salud mental y programas de reintegración puede reducir la reincidencia y mejorar la seguridad ciudadana.
- Despenalización de Delitos No Violentos: Despenalizar ciertos delitos no violentos, como la posesión de drogas para uso personal o la prostitución consensuada entre adultos. Esto liberaría recursos para abordar crímenes más graves y permitiría un enfoque más humano hacia los infractores.
- Enfoque en Medio Ambiente y Sostenibilidad: Incluir disposiciones específicas para sancionar delitos ambientales, como la contaminación o la explotación ilegal de recursos naturales. Las penas deberían ser disuasorias y promover prácticas sostenibles.
- Reforma Procesal y Garantías Judiciales: Garantizar juicios justos, acceso a la defensa legal y protección contra la tortura y el trato inhumano. La reforma debe asegurar la independencia del poder judicial y la imparcialidad en los procesos.
- Evaluación Constante y Adaptabilidad: Una vez implementada, la reforma debe evaluarse regularmente para corregir posibles deficiencias y adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad.
Este enfoque integrador y participativo ayudará a asegurar que la nueva legislación sea sostenible, justa y representativa de los valores y necesidades de la República Dominicana en el siglo XXI.
La reforma del Código Penal es una tarea urgente y necesaria para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y moderna. Un código penal democrático debe reflejar los valores de justicia social, igualdad y derechos humanos que la ciudadanía dominicana merece. Les insto a que tomen en cuenta estas consideraciones y trabajen juntos para aprobar una reforma que realmente responda a las necesidades del pueblo dominicano.
Muchas gracias por su atención.
Felipe Lora Longo
Felipe@lora.org