Para las comunidades Los Güiros, La Meseta, San Simón y Monte Grande, la presa no ha significado desarrollo, sino despojo y abandono
Por: La Redacción
Revista Dominicana
12 de febrero de 2024
El pasado 10 de febrero, los residentes de las comunidades afectadas por el Proyecto Monte Grande decidieron realizar un Paro Pacífico frente a la entrada de la Presa para exigir al Estado dominicano el cumplimiento de las promesas que les llevaron a ceder sus tierras y su modo de vida. Dos años después de haber sido reubicados en un proyecto habitacional, las parcelas agrícolas que les fueron prometidas como compensación siguen siendo un sueño, mientras sus antiguas tierras yacen sumergidas bajo las aguas de la Presa de Monte Grande.
En 2021, más de 390 familias de comunidades como Los Güiros, La Meseta, San Simón y Monte Grande aceptaron abandonar sus hogares y tierras con la condición de que el Estado les proporcionara viviendas dignas y un proyecto agropecuario que les permitiera continuar con su única fuente de sustento: la agricultura. Sin embargo, lo que parecía un acuerdo justo se ha convertido en una pesadilla para estas familias.
Aunque recibieron las viviendas, las tierras agrícolas y los canales de riego prometidos nunca llegaron. Hoy, dos años después, las tierras que cultivaban están bajo el agua, y las parcelas que debían ser su salvación no han sido entregadas. “Nos quitaron todo y no nos dieron nada a cambio”, denuncia Santo Esteban Ferreras, presidente del Comité de Protección y Defensa de la Comunidad de Los Güiros en un video hecho público en los medios sociales.
Abandono y Promesas Vacías
El nuevo asentamiento, donde fueron reubicadas las familias, dista mucho de ser el “progreso” que les prometieron. Los residentes denuncian la falta de servicios básicos, como agua potable y electricidad, así como problemas graves en la infraestructura, como fugas en el sistema de alcantarillado y calles sin pavimentar.
Pero lo más crítico es la ausencia de tierras cultivables. “Nos dijeron que en siete meses tendríamos nuestras parcelas y un proyecto agropecuario funcionando. Hoy, dos años después, seguimos esperando”, afirma Ferreras. Para estas familias, la agricultura no es solo una actividad económica, sino su modo de vida y su única forma de supervivencia.
El paro del 10 de febrero no es un hecho aislado. Durante la construcción de la presa, las comunidades afectadas paralizaron los trabajos en al menos ocho ocasiones, buscando llamar la atención del gobierno sobre sus demandas. Sin embargo, estas acciones no tuvieron respuestas concretas, lo que ha generado un profundo sentimiento de desconfianza y frustración.
Esta vez, el paro ha sido planteado como una advertencia firme al gobierno: si no honra los compromisos contraídos con las comunidades afectadas en un plazo breve, las acciones podrían escalar a medidas más contundentes. “No queremos llegar a eso, pero si el gobierno no actúa, no nos quedará más remedio que tomar acciones más fuertes en todas las comunidades afectadas”, advirtieron. Ferreras.
El caso de Monte Grande es un recordatorio crudo de los costos humanos que suelen acompañar los grandes proyectos de “progreso”. Para las comunidades afectadas, la presa no ha significado desarrollo, sino despojo y abandono. Su lucha es una advertencia para otras comunidades que podrían enfrentar situaciones similares en futuros proyectos.
“El Estado debe entender que el progreso no se construye sobre el sufrimiento de la gente”, sentencia Ferreras. Mientras tanto, las familias de Monte Grande siguen esperando que las promesas sumergidas bajo el agua de la presa resurjan y se conviertan en realidad.
