- Por Alejandra García, Resumen Inglés .
- 1 de noviembre de 2023
- ¡Resistir!
Panamá ha despertado una vez más. Desde hace varios días, miles de sus ciudadanos salen a las calles contra un nefasto contrato minero que no sólo pondría vastas zonas del país en manos de empresas privadas, con sede en el Norte, sino que también causaría daños medioambientales irreparables. La impopular firma del contrato minero con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, ha encendido un levantamiento popular en el país y obligando al gobierno del Revolucionario Democrático a enfrentar una nueva crisis social.
Hace poco más de un año, el pueblo panameño fue protagonista de masivas protestas contra el presidente Laurentino Cortizo por el alto costo del combustible y los alimentos. Hoy, las imágenes y reportajes del país que conecta a Centroamérica y Sudamérica plantean la posibilidad de un nuevo movimiento popular con amplio atractivo.
Esta vez la gente no exige ayuda social. Esta vez se trata de algo mucho más grande: la derogación de una ley que permite la explotación y privatización de la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Las protestas comenzaron en marzo -aunque en pequeño número- cuando el gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con la empresa. El documento contiene frases como Expropiación de terrenos, Restricción del espacio aéreo y Prórroga de concesión de terrenos, que encendieron las alarmas entre la población, especialmente entre los activistas ambientales y las comunidades de Donoso y Omar Torrijos, donde se desarrolla la actividad minera.
El malestar social se avivó el viernes después de que Cortizo firmara el documento y autorizara su implementación en el registro oficial pese al amplio rechazo popular a la capitulación.
En la capital, distintos contingentes de manifestantes han avanzado día tras día por las principales avenidas del país hasta la Asamblea Nacional y el Palacio Presidencial al grito de “este país no está en venta”, y en más de una ocasión han sido recibidos con gases lacrimógenos. de las fuerzas policiales.
Según la directora del Centro de Defensa Ambiental, Lilian González, los supuestos ingresos millonarios que recibiría el Estado panameño por la actividad minera -375 millones de dólares anuales- “no están garantizados” debido a los múltiples vacíos legales incluidos en el contrato y no son equivalentes ni relacionado con el daño ambiental que podría sufrir el proyecto.
“Ni siquiera tenemos un ingreso garantizado que pueda hacer frente a los daños que esto causa, incluida la pérdida de cuencas, ríos y bosques, que son nuestros bienes ambientales más preciados”, dijo González, y agregó que “históricamente, el país ha sido capaz de desarrollarse económicamente sin depender de la extracción de minerales”.
En lo que sólo puede describirse como una victoria, Cortizo se vio obligado a dar marcha atrás y anunció un referéndum para definir el futuro del contrato minero o “Ley 406” que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre. Mientras tanto, más presión proviene del Supremo de Panamá. Tribunal que considerará una demanda que alega que el contrato de la nación con First Quantum viola la constitución.
El escepticismo y la desconfianza de la gente hacia Cortizo prevalecen debido a la forma en que hizo pasar el trato por la puerta trasera en medio de la noche. La firma de la ley fue una de las acciones más rápidas que ha realizado su gobierno. La Ley 406 fue publicada en el Diario Oficial pasadas las 7 de la noche del viernes, el mismo día en que fue firmada por el presidente.
González concluyó que “Panamá se encuentra en un momento de conmoción e incertidumbre sobre el futuro de sus reservas ambientales. La agitación en el país continuará debido a las pocas garantías ofrecidas por el gobierno, pero dejaremos claro que nuestra patria no está en venta”.
