LA MALDICIÓN DORADA
Con las actividades mineras el país pierde diez veces
Las verdaderas cuentas del oro y el cobre dominicanos
5 de noviembre de 2025
Revista Dominicana
Introducción
Segunda entrega de la serie La Maldición Dorada, un reportaje de Revista Dominicana sobre las verdaderas consecuencias de la minería metálica en nuestro país. Detrás de las cifras alegres del oro y del cobre se esconde una contabilidad siniestra: la de las pérdidas acumuladas que el pueblo paga mientras las corporaciones celebran.
Como señaló Felipe Lora Longo, “los países subdesarrollados que aceptan las actividades mineras pierden diez veces”. Y hoy, más que nunca, esas palabras resuenan con fuerza en la República Dominicana.
El engaño de la contabilidad
El discurso oficial repite que la minería “aporta al desarrollo nacional”. Pero cuando se descuentan los costos ocultos —los impuestos exonerados, la destrucción ambiental, los servicios públicos comprometidos y la fuga de divisas—, el resultado es trágico: el país queda en rojo.
La minería, lejos de generar progreso, perpetúa la dependencia y debilita la soberanía. Lo que se presenta como una “entrada de divisas” es en realidad una salida masiva de riqueza nacional.
Las pérdidas invisibles por causa de la actividad minera
Pérdida económica directa
La minería a gran escala se presenta como una fuente de riqueza, pero lo que realmente deja son exportaciones sin valor agregado y ganancias que no se quedan en el país.
Las corporaciones extranjeras controlan la extracción, la comercialización y la fijación del precio internacional. En República Dominicana, más del 90 % de las utilidades de Barrick Gold y de otras mineras salen del país en forma de dividendos o pagos a casa matriz.
El pueblo se queda con migajas, y el Estado apenas recibe un porcentaje simbólico. Es una economía colonial moderna, donde el oro sale y la pobreza se queda.
Pérdida fiscal
Las leyes y contratos mineros están diseñados para favorecer a las empresas, no al país.
Las exoneraciones de impuestos, los “créditos de inversión”, los descuentos en aduanas y los acuerdos de estabilidad fiscal significan que el Estado deja de percibir miles de millones.
En muchos casos, las compañías pagan menos impuestos que una pequeña empresa local.
El gobierno presenta los ingresos mineros como “aportaciones históricas”, pero oculta que por cada dólar que entra, diez se pierden en exenciones y daños.
El pueblo subsidia su propio empobrecimiento.
Pérdida tecnológica
La minería no transfiere tecnología ni crea capacidades nacionales.
Las máquinas, los métodos y el conocimiento se importan completamente, sin que el país desarrolle industria, ingeniería o investigación propia.
Los técnicos dominicanos solo ocupan puestos secundarios, mientras la dirección científica y técnica permanece en manos extranjeras.
Cuando las minas cierran, no queda ni una sola empresa nacional capaz de continuar el trabajo, ni universidades preparadas para sustituir la dependencia.
El resultado: un país que sigue exportando tierra cruda y comprando tecnología cara.
Pérdida ambiental
Ninguna actividad destruye tanto territorio en tan poco tiempo como la minería metálica.
Para extraer un solo gramo de oro se utilizan miles de litros de agua y toneladas de químicos como el cianuro.
El suelo queda esterilizado, los ríos mueren y las montañas desaparecen.
Los casos de Cotuí, Loma Miranda y la cuenca del Yuna son ejemplos vivos de desiertos verdes donde antes había vida, bosques y agricultura.
La contaminación no se borra: el drenaje ácido de las minas puede seguir envenenando el agua durante siglos.
Pérdida territorial
El mapa minero del país muestra una verdad alarmante: más del 15 % del territorio nacional está cubierto por concesiones o solicitudes mineras.
Eso significa que una porción enorme del país está, de hecho, bajo dominio extranjero.
En esas zonas, ni el Estado ni las comunidades pueden decidir libremente el uso de la tierra.
El territorio se convierte en un “enclave” controlado por empresas extranjeras con poder policial propio, vigilancia privada y derecho a intervenir caminos y ríos.
Es una pérdida silenciosa de soberanía geográfica.
Pérdida social
Donde llega la minería, llegan también los conflictos sociales.
Las comunidades se dividen entre quienes reciben pequeñas ventajas y quienes se oponen a la destrucción ambiental.
Se destruyen modos de vida campesinos, surgen migraciones internas y aumenta la pobreza cuando los empleos temporales terminan.
Los pueblos mineros quedan marcados por la desigualdad extrema: barrios pobres frente a campamentos de lujo para ejecutivos extranjeros.
El tejido comunitario se rompe y con él desaparece la solidaridad tradicional del campo dominicano.
Pérdida sanitaria
La minería contamina el aire, el suelo y el agua.
El polvo con metales pesados produce enfermedades respiratorias; el cianuro y el arsénico en el agua provocan cáncer, malformaciones y daño renal.
Los hospitales rurales no registran oficialmente esos casos, porque el Estado no se atreve a enfrentarse a las corporaciones.
Los pueblos mineros viven rodeados de enfermedad, pero sin estadísticas ni justicia.
La salud pública paga el precio de la codicia privada.
Pérdida cultural
El territorio no es solo tierra: es identidad, historia, cultura.
Cuando una comunidad pierde su tierra, pierde también su forma de vivir y de pensar.
La minería destruye esa conexión ancestral con el trabajo colectivo, el respeto por la naturaleza y la solidaridad vecinal.
A cambio introduce una cultura del dinero rápido, del consumo, del miedo y la dependencia del salario minero.
El campesino deja de ser productor para convertirse en vigilante o cargador.
Se rompe el alma del país.
Pérdida política
Las corporaciones mineras compran influencia.
Financian campañas, medios y funcionarios, asegurándose leyes a su medida.
Gobiernos de todos los colores han firmado acuerdos vergonzosos, defendidos como “estratégicos” mientras el pueblo paga los costos.
El poder político se vuelve rehén del capital extranjero, y el Estado deja de representar al pueblo para representar a las empresas.
La corrupción se convierte en una herramienta de dominación internacional.
Pérdida moral y soberana
La más grave de todas.
Cuando un país acepta que su oro valga más que su gente, pierde su alma.
La minería, en su forma actual, no solo destruye la naturaleza: destruye la dignidad nacional.
Convierte la independencia en un papel decorativo y la soberanía en mercancía.
Es el precio más alto que paga un pueblo cuando deja que otros decidan qué vale su tierra.
“La minería no deja riqueza. Deja ruinas, dependencia y vergüenza. Y todo pueblo que vende su suelo termina comprando su miseria, alquilando su dignidad y perdiendo su futuro.”
