En un reciente artículo publicado por El Día, se ha puesto de manifiesto la creciente demanda de justicia en relación con los fallos técnicos y la sobrevaluación de las plantas de carbón de Punta Catalina1. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) han reiterado su llamado a que se castigue a Odebrecht, ahora conocida como NOVONOR, y a sus socios por entregar unas instalaciones que no solo han fallado en cumplir con los estándares técnicos prometidos, sino que también han sido construidas con un costo exorbitantemente inflado.
La auditoría técnica forense reveló que las plantas poseen graves fallos estructurales que incrementan la contaminación y los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud de la población local. Además, una auditoría financiera forense confirmó que la construcción de Punta Catalina incluyó una sobrevaluación de más de mil millones de dólares1.
La impunidad que prevalece en el sistema de justicia dominicano ha permitido que, hasta ahora, no se haya perseguido penalmente a los responsables de estos actos de corrupción y estafa. La Procuraduría General de la República está siendo instada a acusar formalmente a Odebrecht y sus socios, basándose en las evidencias presentadas por las auditorías independientes1.
El pueblo dominicano se enfrenta a un doble abuso: pagar por una obra defectuosa y, además, financiar la reparación de los fallos de construcción. Es hora de que se haga justicia y se responsabilice a los culpables, no solo por el daño económico infligido al país, sino también por el perjuicio ambiental y social que han causado1.
Esta situación subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura, así como de un sistema de justicia que funcione eficazmente para proteger los intereses del pueblo y del medio ambiente.
1: Fuente: El Día
