Urge anular el permiso ambiental y sancionar los culpables
Por Narciso Isa Conde
Los DERRAMES Y EXPLOSIONES DE BARCAZA EN PUEBLO VIEJO-PLAYA DE ÑOS NEGROS-AZUA le dan toda la razón al movimiento ambientalista nacional y a las comunidades cercanas que alertaron numerosas veces sobre el posible desastre.
A a eso no le debe responder con la ridiculez del Ministerio de Medio Ambiente de “ordenarles a los operadores de la planta flotante detener el derrame”.
De inmediato hay que anular el permiso ambiental otorgado y proceder a sancionar los culpables, sobre todo a los aprobaron el proyecto violando la ley y abusaron de su poder.
Eso fue advertido y era de esperar, por lo que las culpas del Presidente Abinader, de su Gobierno y sus ministerios de energía y mina y de medio ambiente y recursos naturales, Ceara y Almonte, son mayores, incluso imperdonables.
La Barcaza, o planta eléctrica flotante, fue implantada a la cañona y puesta a funcionar en un área protegida, ecológicamente muy frágil y de mucho valor.
Es una barcaza eléctrica de 178 megawatios de la empresa turca KARPAWERSSHIP, que se agrega a otra planta más antigua de 100 megas, a la Estación de GLP ubicada en ese puerto y a la correa de transporte de cemento y clinker de la Cementera Santo Domingo de la familia Abinader.
La misma fue ubicada a 100 metro de playa Los Negros y a 500 del principal manglar. La Playa de Los Negros es parte de esa valiosa área protegida, refugio de vida silvestre, manglares, manatíes y cardúmenes de peces.
No valieron las advertencias sobre la ilegalidad de tal decisión, ni sobre los graves daños ecológicos que podía producir, ni sobre la agresión a los derechos y a la vida misma de la comunidad de pescadores y los moradores de la zona.
No valieron las innumerables denuncias fundamentadas y las reiteradas protestas.
Los informes de las Comisiones Ambientales de la UASD y de la Academia de Ciencia fueron despreciados.
Las voces de las comunidades, del pueblo de Azua y del movimiento ambiental fueron ignoradas olímpicamente.
Se impuso el interés empresarial privado por sobre el interés nacional y social.
Instalaron la referida barcaza en el marco de una operación de compra y venta en la que estuvo involucrado el abogado mafioso Ángel Lockward. Una planta vieja comprada a precio de nueva.
Siempre se dijo que todo eso estaba mediado por los intereses empresariales del propio presidente Abinader, cuya cementera es concesionaria y beneficiaria del suministro de energía eléctrica, del servicio portuario y además propietaria de la correa de transmisión de cemento y clinker para su uso.
Esa Cementera está ubicada ilegalmente en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deño, en las proximidades a Playa Caracoles y en la cercanía de Pueblo Viejo y Los Negros; y es beneficiaria de esas violaciones e ilegalidades
Todo esto necesariamente hay que situarlo en el oscuro terreno de la ilegalidad, de las agresiones destructivas y contaminantes al medio ambiente, del tráfico de influencia y la protección de operaciones turbias que deben ser investigadas y sancionadas.
La instalación en Los Negros de la planta turca es una irresponsabilidad avalada por funcionarios públicos de alto nivel, obviando delitos ambientales y posibles desastres inicialmente ejecutados, con posibilidades de repetirse con efectos peores e irreversibles; a lo que se le agrega abuso de poder.
El caso amerita una investigación a fondo, el debido procesamiento judicial y sanciones ejemplares. Pero al parecer aquí no hay instituciones que investiguen y sancionen hechos en los que podría estar involucrado el Presidente Abinader, mientras sea gobierno y a la vez poder empresarial.
Por la COORDINACIÖN CENTRAL DEL MOVIMIENTO CAAMAÑISTA-MC
Narciso Isa Conde
9-9-23 // Santo Domingo, RD
