¡No Más Desalojos! Comunidades del Gran Santo Domingo Se Plantan Frente al Abuso Estatal
Por la Redacción
Revista Dominicana
SANTO DOMINGO. – Con la urgencia de quien ve derrumbarse su hogar y la indignación de quien ha sido sistemáticamente ignorado, comunidades urbanas del Gran Santo Domingo tomaron las calles para denunciar una ofensiva de desalojos forzosos que, desde 2021, ha dejado a cientos de familias en la intemperie. La marcha, que se extendió desde el Congreso Nacional hasta la Oficina del Abogado del Estado, no es un hecho aislado: es la respuesta organizada a una política de despojo que avanza con velocidad y crudeza inéditas.
No se trata de meros terrenos en disputa. Son barrios enteros —La Mina en San Isidro, Rivera del Ozama, Nueva Jerusalén, Las Malvinas y Arroyo Lindo— donde el Estado, en una contradicción flagrante, primero instaló servicios básicos y luego envió maquinaria pesada para arrasarlos. Comunidades que, tras años de esfuerzo, han echado raíces y levantado sus vidas, solo para ser tratadas como invasoras en su propio suelo. Lejos de ser garante de derechos, el Estado se ha convertido en su principal verdugo.
La Red Urbano Popular: Trinchera legal y social
Al frente de esta resistencia se encuentra la Red Urbano Popular, que funciona como muro de contención frente a la embestida estatal. Su coordinador, Sócrates Peguero, denuncia la lógica perversa detrás de esta crisis: “Esta práctica evidencia una lógica neoliberal que convierte la vivienda en un producto de mercado, mientras el Estado incumple su obligación de garantizar este derecho fundamental”. La Red no solo protesta: documenta, asesora legalmente y visibiliza la complicidad de un sistema que prioriza el negocio inmobiliario por encima de la vida humana.
Las voces de las comunidades, amplificadas por la Red, recuerdan que estas acciones son ilegales e inconstitucionales. Mercedes de Jesús, de Nueva Jerusalén, lo dejó claro: “El derecho a una vivienda digna está consagrado en el artículo 59, y cualquier procedimiento debe respetar el debido proceso”. La Ley 107-13, que protege a los habitantes, es sistemáticamente ignorada en desalojos ejecutados sin notificación ni justificación formal.
Exigimos, no pedimos: Cese de los desalojos y seguridad jurídica
La demanda es clara: cese inmediato de los desalojos forzosos y creación urgente de un marco legal que los prohíba. Las familias solicitan que se declare de utilidad pública los terrenos que han habitado por años, otorgando seguridad jurídica y reparando, aunque sea parcialmente, las heridas abiertas por la especulación territorial.
El rápido avance de los desalojos en la República Dominicana no es casual; es el síntoma de un modelo de desarrollo que excluye a los más pobres. Mientras el Estado destina recursos a expulsar familias, evade su responsabilidad de ofrecer soluciones habitacionales. Cada hogar destruido es un testimonio vivo del fracaso de un sistema que prioriza el lucro sobre el derecho a un techo. La marcha de hoy no es el final, sino el preludio de una lucha que continuará hasta que la vivienda digna deje de ser un artículo de lujo en la Constitución y se convierta en una realidad para todos.
