- Por Saheli Chowdhury, Orinoco Tribune .
FUENTETexto original (Inglés)
- 5 de diciembre de 2022
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El martes 29 de noviembre, cientos de haitianos protestaron en Puerto Príncipe contra las deportaciones masivas de migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana de la República Dominicana. La protesta fue convocada por el capítulo de Haití de la Asamblea de los Pueblos del Caribe (ACP).
Los manifestantes se concentraron frente a la embajada de República Dominicana en Puerto Príncipe y exigieron a las autoridades dominicanas que pongan fin a las deportaciones indiscriminadas y al trato inhumano de los haitianos del otro lado de la frontera. Condenaron el hostigamiento infligido a sus compatriotas por las autoridades migratorias y fuerzas de seguridad dominicanas como de carácter racista y discriminatorio.
La economista Camille Chalmers, líder de ACP Haití y vocera del partido Rasin Kan Pep La, leyó un comunicado de la ACP denunciando la represión sistemática de los haitianos en República Dominicana y su deportación masiva ordenada por el presidente dominicano Luis Abinader.
Chalmers responsabilizó al presidente Abinader por la violencia perpetrada por militares dominicanos contra haitianos, y señaló que tales acciones recuerdan las políticas del dictador Rafael Trujillo contra los pobres de ambos lados de la frontera.
Además, Chalmers hizo un llamado al gobierno dominicano a usar el diálogo basado en el respeto para encontrar soluciones a la crisis migratoria. Enfatizó que el racismo, la discriminación, la xenofobia y el odio hacia los haitianos nunca podrán resolver ningún problema que enfrenta el pueblo de República Dominicana.
Exigió a las autoridades dominicanas respetar los convenios internacionales y los principios de respeto a los derechos humanos que promueve la Constitución dominicana. “La práctica de las deportaciones masivas no respeta los principios de convivencia y buena vecindad entre los dos países y pueblos”, agregó.
La protesta en Port-au-Prince se produjo después de protestas similares durante el fin de semana en la ciudad fronteriza de Ouanaminthe , organizadas por la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil. El 21 de noviembre, los manifestantes realizaron una concentración masiva en esa ciudad y cerraron el puesto de control a la ciudad fronteriza dominicana de Dajabón, impidiendo el movimiento del tráfico y deteniendo la actividad comercial a través de la frontera. El gobierno de facto de Haití, encabezado por el Primer Ministro Ariel Henry, desplegó la Policía Nacional de Haití y celebró reuniones de emergencia con líderes de la sociedad civil para desbloquear la frontera. El bloqueo fue levantado el sábado 26 de noviembre, pero el pueblo de Juana Méndez permanece en las calles, en solidaridad con sus compatriotas en República Dominicana.
En los últimos meses, las autoridades dominicanas han intensificado las deportaciones de haitianos y dominico-haitianos. Solo en los últimos tres meses, se estima que 50.000 haitianos han sido deportados , según datos del Grupo de Apoyo a Refugiados y Retornados, así como declaraciones del coordinador general de la Oficina Nacional de Migración de Haití, Jean Negot Bonheur Delva. Según Unicef, hay al menos 1.800 niños de origen haitiano entre los deportados.
La policía y las fuerzas armadas dominicanas están cometiendo actos de violencia contra los haitianos, que incluyen discriminación racial, detenciones arbitrarias, palizas brutales y trato inhumano, a menudo en connivencia con turbas y paramilitares. El gobierno de Abinader está justificando tales acciones con un discurso xenófobo, llamando a los haitianos una “ amenaza a la seguridad nacional ” y acusándolos de llevar a cabo una “ guerra civil de baja intensidad ” en el país. Aunque Abinader se había postulado en una plataforma progresista y nombró defensores de los derechos humanos en los ministerios, ha continuado con el racismo anti-Haití básico que ha existido en la República Dominicana desde la época de la dictadura de Trujillo.
