Por la Redacción
Mientras la nación dormía, y los despiertos rechazaban el anteproyecto tendiente a reformar el Código Penal, el presidente Luis Abinader ha depositado un proyecto en el Congreso Nacional solicitando la aprobación de un préstamo por 100 millones de dólares con la Agencia Francia de Desarrollo (AFD). La finalidad: un supuesto apoyo presupuestario para el “Programa de Acción Climática para un Desarrollo Económico Sostenido”.
El préstamo mencionado, presentado como una medida para mejorar la calidad del gasto público en términos de sostenibilidad climática y “descarbonizar” el balance energético, es solo el último eslabón en la cadena que afecta el destino económico del pueblo dominicano. Este pueblo se ve obligado a relegar sus prioridades para cumplir con las responsabilidades impuestas por la exorbitante Deuda Externa, que hasta mayo de 2024 ya alcanzaba la suma de 55,755.0 millones de dólares.
En la misma semana, los congresistas aprobaron otros tres préstamos dirigidos por el Poder Ejecutivo, acumulando un total de 485 millones de dólares, destinados también a programas institucionales. Es decir, casi 600 millones de dólares en nuevas deudas aprobadas sin un verdadero debate público y, sobre todo, sin el consentimiento del pueblo dominicano.
Estos movimientos financieros se realizan mientras la atención de la sociedad está distraída con la controversia sobre la reforma del Código Penal. Esta estrategia, que parece diseñada para pasar desapercibida, revela una preocupante falta de respeto hacia la ciudadanía. Los debates sobre la reforma del Código Penal, que han polarizado a la sociedad, son aprovechados para aprobar préstamos que hipotecarán el futuro económico del país.
Es inconcebible que mientras se debaten temas de tanta relevancia como el Código Penal, que impactará directamente en la vida cotidiana de los dominicanos, el gobierno utilice la distracción para incrementar la deuda nacional. Peor aún, estos préstamos conllevan intereses que deberán ser pagados semestralmente, con una tasa fija de interés “revisable en cada solicitud de desembolso que no podrá ser inferior a 0.25% anual”. Un acuerdo que compromete a las futuras generaciones a pagar 30 cuotas semestrales hasta el 2044, comenzando el 31 de julio de 2029.
El hecho de que se aprueben estos préstamos sin una consulta pública adecuada, sin un análisis exhaustivo de sus implicaciones y sin considerar alternativas menos gravosas, es un acto de irresponsabilidad gubernamental. No se puede justificar la toma de decisiones que afectan tan profundamente la economía y la vida de los dominicanos sin un verdadero diálogo con aquellos a quienes se les exige pagar la cuenta.
El gobierno debe recordar que el aumento de la deuda pública no es una solución mágica a los problemas económicos y ambientales; es una carga que puede ahogar cualquier esperanza de desarrollo sostenible si no se maneja con responsabilidad y visión a largo plazo.
Es hora de que los legisladores, quienes tienen hasta el 25 de julio para aprobar cualquier proyecto antes de que finalice la legislatura, actúen con el interés del pueblo en mente. Que no permitan que decisiones tan cruciales se tomen a espaldas de la ciudadanía. Que escuchen a los dominicanos que se manifiestan, que exigen justicia, transparencia y responsabilidad.
El futuro de la República Dominicana no puede seguir hipotecándose sin consulta ni consenso. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, informada y exigir que sus voces sean escuchadas y respetadas en cada decisión que comprometa el bienestar común. Mientras algunos duermen, otros deben permanecer despiertos, luchando por un país más justo, transparente y verdaderamente democrático.
