Un mensaje vulgar, cobarde y repetido: el gobierno de Luis Abinader ha decidido que, ante las demandas legítimas del pueblo, la respuesta no será el diálogo, sino la intimidación.
Por la Redacción
Revista Dominicana
La tarde de este martes, en el Centro Comunal del sector Mamá Tingó –segunda etapa–, donde reside el vocero del Colectivo de Organizaciones Populares del Cibao, José Mercado, agentes de la Policía Nacional irrumpieron abruptamente en la reunión del Comité Ejecutivo del Colectivo de San Francisco de Macorís con la intención de arrestar al dirigente sin previo aviso ni mandato claro. La acción, descrita por los presentes como un intento deliberado de intimidación, obligó a que el resto de la dirección y comunitarios asistentes se interpusieran físicamente para evitar la detención.
Según testigos, los oficiales no ofrecieron explicación alguna, provocando un ambiente de tensión que dejó evidente la intención represiva de la intervención. La dirigencia dejó claro a los agentes que si arrestaban a Mercado tendrían que hacerlo con todos los miembros del Comité y los comunitarios presentes, pues lo que se intentaba detener no era a una persona, sino un proceso organizativo de carácter colectivo: la preparación final de la huelga regional convocada para el 1ro de diciembre, la cual los movimientos consideran “irreversible”.
Contexto histórico: una lucha con acuerdos incumplidos
La agresión no es un hecho aislado. Desde hace años, el Colectivo del Cibao ha sostenido un proceso de diálogo, movilización y presión social para lograr respuestas a demandas básicas de las comunidades: agua potable, servicios de salud dignos, reparación de vías, saneamiento ambiental y atención a problemáticas urgentes que afectan a barrios completos.
En múltiples ocasiones se alcanzaron acuerdos formales con autoridades provinciales, municipales y representantes del gobierno central. Sin embargo, estos compromisos han sido sistemáticamente violados o ignorados. La fecha límite concedida a la Gobernación y otras instancias, el 26 de noviembre, venció sin que se presentara una respuesta satisfactoria. Este incumplimiento precipitó la ratificación de la huelga del 1 de diciembre.
Durante los últimos años, el gobierno del PRM y de Luis Abinader ha enfrentado un crecimiento sostenido de protestas comunitarias y sectoriales. En repetidas ocasiones, la respuesta gubernamental ha sido el despliegue policial, militarización de zonas en conflicto, vigilancia a dirigentes y arrestos arbitrarios. Desde el movimiento popular se le denomina, con sobrada razón, “el aparato represivo del gobierno”.
Un patrón nacional de represión
La intervención en Mamá Tingó forma parte de un patrón más amplio que incluye:
- allanamientos sin órdenes judiciales,
- intentos de apresar líderes barriales y ambientales sin causa formal,
- infiltración de reuniones comunitarias,
- uso desproporcionado de fuerza en protestas pacíficas,
- criminalización de luchas ambientales, sindicales y feministas.
En el Cibao, estas tácticas han sido recurrentes cuando las comunidades presionan por servicios esenciales. La represión del martes confirma lo que las organizaciones denuncian desde hace meses: que el gobierno prefiere amedrentar la protesta antes que responder a los reclamos.
Responsabilidad directa de las autoridades
El Colectivo responsabiliza a la Gobernadora y a las autoridades locales por provocar esta escalada, al negarse a responder de manera seria a las demandas planteadas mediante vías pacíficas durante años: reuniones, paradas, marchas, vigilias, plantones y otros mecanismos cívicos.
Ante el agotamiento de estas vías, la huelga del 1 de diciembre se presenta como una acción legítima y necesaria, fundamentada en el derecho constitucional de las comunidades a la protesta.
Apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La convocatoria cuenta con el respaldo explícito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial Moca. Su presidente, R. Mercedes, declaró que la protesta es “una acción solidaria y completamente acorde con lo que establece la Constitución”. Recordó que las comunidades están exigiendo derechos fundamentales:
- acceso al agua,
- salud,
- condiciones de vida dignas,
- ambiente sano,
- servicios públicos esenciales.
Mientras la manifestación sea pacífica, afirmó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantendrá su acompañamiento.
