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RED SOCIOAMBIENTAL NACIONAL RECLAMA DERECHO AL AGUA

Por la defensa y protección de las cuencas hidrográficas y las leyes de Ordenamiento Territorial y la de Agua, sin posibilidad de privatización


INFORMACIÓN PÚBLICA

La Red Nacional Socioambiental proclama la defensa y protección de las cuencas hidrográficas, la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Agua como instrumento para la real defensa del agua como tesoro y patrimonio invaluable de la nación, cuya protección debe ser una prioridad de la administración del Estado.

El colectivo, surgido en una gran Asamblea Nacional de organizaciones ambientales y sociales, reunidas en 3 de julio del presente año, desde donde surgió un comité de seguimiento que el 20 de agosto asumió el nombre de esta Red, y de inmediato se dio un plan de trabajo que implica llegar a todos los rincones del país promoviendo la defensa de los recursos naturales, priorizando la defensa del agua como un tesoro que vale más que el oro.

Esta Red está de acuerdo con que se conozca la Ley de Agua, pero una legislación que no enajene un bien público como es el agua, y que garantice su acceso a toda la población, en cantidad, calidad y buen precio para que nadie se quede sin la posibilidad de hacer uso de este recurso indispensable para la vida humana y de la naturaleza ambiental.

Una Ley de Agua que regule su uso, sin discriminación de ningún tipo, que llegue a los hogares como lo que es, el principal alimento de los seres vivos y de los humanos principalmente. Además, que reglamente y vigile su adecuada utilización, priorizando este bien como derecho de todos y se cambie la cultura que reduce a unos pocos el uso del recurso agua.

La Red está consciente de que, para tener agua de manera sustentable, mantener una producción sostenible y un medio ambiente saludable, se requiere:

-Que haya una real protección de las cuencas, de los bosques nublados, de las cordilleras, donde los residentes en las zonas de impacto sean los propios guardianes de estos recursos naturales, porque ya han sido sensibilizados al respecto y orientado sobre los cuidados para mantener vivos estos ecosistemas, además de sus conocimientos tradicionales aplicados y validados científicamente.

-Que nuestras aguas no sean un bien económico, sino un derecho de todos, por lo que este colectivo asumió el compromiso de llegar a las poblaciones con un plan de educación sobre el recurso agua, la necesidad de su uso racional, y el imperativo de que es un bien finito.

 Que pongamos fin a la minería irresponsable que se practica en el país, porque consume gran cantidad de agua, destruye ecosistemas completos,por lose hace necesario,

-Que las autoridades que representan al Estado dominicano sean capaces de sopesar el valor del agua respecto al del oro: uno sirve para adornar la vanidad y otro para hacer sustentable la vida de todos; esa es una gran disyuntiva en la que hay que pensar y por esa razón hemos constituido este colectivo.

La gestión del agua de manera segura, lo que sugiere como un derecho humano, no como una mercancía es un Objetivo para el Desarrollo Sostenible, el número 6 de la agenda y esta tiene como meta el 2030, o sea, dentro de un poco más de siete años, por lo que esto implica que miles de millones de personas quedarán sin agua y saneamiento a menos que el progreso se multiplique por 4, según cálculos de la OMS y UNICEF.

La sequía, los incendios, las inundaciones generadas por el cambio climático hace que el agua sea un recurso vulnerable que pone en riesgo la vida como la conocemos hoy. Es por esta razón que debemos ser celosos de nuestras aguas, porque hay acaparadores, <capitales buitres> que quieren capitalizar las propuestas legislativas sobre agua. Estos buscan aprovecharse de los aires privatizadores que se respiran en el ambiente político estatal, además de las limitaciones de recursos financieros del Gobierno, con el objetivo de quedarse con el control de este recurso natural indispensable para la vida.

Ante este panorama, hay que estar bien consciente de lo que nos puede ocurrir con el movimiento sobre Alianzas Público Privada entre Gobierno y grupos privados que buscan invertir en este bien de la naturaleza e indispensable para la vida, solo con el objetivo particular de obtener ganancias y aumentar sus finanzas privadas a costa de un recurso de toda la población. 

El Congreso Nacional debe entender que es preferible que haya una Ley que <blinde> las posibilidades de enajenar nuestro bien de vida, como son los recursos naturales y especialmente el agua para que no pueda concesionarse como una mina.

Reiteramos la proclamación del derecho humano al agua formulado por las Naciones Unidas en julio de 2010, por ser garante de otros derechos: el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación a la producción y a la dignidad.

Santo Domingo, D.N.,

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