Marchar bajo control o ser reprimido: la nueva ecuación del poder
Por la Redacción
Revista Dominicana
No son hechos aislados. Es una línea. Es una política.
Lo ocurrido en San Juan este fin de semana —donde una movilización pacífica de comunidades enteras terminó enfrentando gases lacrimógenos y camiones de agua— no puede leerse como un exceso puntual. Es, más bien, la expresión más reciente de un patrón que viene tomando forma desde el 24 de abril, continuó el 27 y se hizo aún más visible durante las movilizaciones del 1ro de mayo.
El patrón es inquietantemente claro: la protesta avanza, la gente se expresa y, cuando la tensión alcanza su punto más alto, la respuesta del Estado deja de ser la contención y pasa a ser la fuerza.
Las autoridades apelarán, como es habitual, a explicaciones conocidas: provocadores, infiltrados, necesidad de “restablecer el orden”. Sin embargo, más allá de esas justificaciones, lo esencial permanece. Una demanda social concreta —en este caso, la defensa del agua frente a proyectos mineros— encontró como respuesta gases y presión hidráulica.
Ahí es donde el debate deja de ser circunstancial y se vuelve estructural.
En las semanas recientes se ha venido configurando un modelo de gestión de la protesta que combina permisividad condicionada con control estricto. Marchas con rutas previamente definidas o modificadas, presencia policial intensiva, cercos que delimitan el alcance de la movilización. Es decir, una protesta que se permite, pero dentro de un marco claramente administrado.
Ese esquema plantea una interrogante de fondo: ¿hasta qué punto el derecho a la protesta sigue siendo pleno cuando su ejercicio está previamente encuadrado por el poder?
El gobierno del presidente Luis Abinader ha defendido estas acciones en nombre del orden público. Es un argumento legítimo en cualquier sociedad democrática. Pero el problema surge cuando ese “orden” comienza a operar no solo como garantía de seguridad, sino como límite político de lo que la protesta puede o no puede ser.
San Juan parece marcar un punto de inflexión en esa dinámica.
Cuando la protesta se mantiene dentro del guion, se tolera.
Cuando crece, se vuelve incómoda o desborda los márgenes previstos, se contiene por la fuerza.
En otras palabras: primero se administra, luego se reprime.
El mensaje, que antes podía parecer implícito, hoy resulta difícil de ignorar. Se puede marchar, pero sin presionar. Se puede expresar descontento, pero sin alterar el equilibrio real de poder. Se puede protestar, pero sin desbordar.
Y cuando ese límite se cruza, aparecen los mecanismos de dispersión: gases, camiones de agua, despliegue de fuerza.
El riesgo de este enfoque no reside únicamente en el uso puntual de la fuerza, sino en la lógica que lo sostiene. La combinación de una protesta permitida —pero controlada— con una protesta castigada cuando excede esos límites configura una nueva normalidad. Una en la que el derecho existe formalmente, pero se ejerce bajo condiciones cada vez más estrechas.
San Juan, en ese sentido, trasciende lo local.
Es una advertencia.
Una señal sobre los márgenes que el poder está dispuesto a tolerar y sobre la forma en que se están redefiniendo, en la práctica, las reglas del espacio cívico en la República Dominicana.
La historia del país recuerda momentos en los que la movilización social no se ajustó a marcos preestablecidos y, precisamente por eso, logró incidir en el rumbo político. Esa memoria vuelve especialmente relevante lo que hoy está en juego.
No se trata de promover el caos ni de desconocer la complejidad de gestionar manifestaciones masivas. Se trata de reconocer que el derecho a la protesta pierde sustancia cuando queda subordinado a condiciones que limitan su efectividad.
Por eso, la pregunta central no es únicamente qué ocurrió en San Juan.
La pregunta es más profunda:
¿Quién define los límites de la protesta en una democracia?
Porque si esos límites quedan exclusivamente en manos del poder, la protesta corre el riesgo de transformarse en un mecanismo controlado, más cercano a la expresión permitida que a la herramienta de presión que históricamente ha sido.
La advertencia final no apunta solo al Estado, sino también a la sociedad.
El mayor peligro no es la existencia de la fuerza, sino la costumbre.
Porque una sociedad que se acostumbra a que la protesta sea reprimida cuando desborda termina olvidando que, en muchos momentos de la historia, desbordádose ha sido precisamente la forma en que los pueblos han logrado ser escuchados.
