Cómo un proyecto nacido de la corrupción, sostenido por deuda y alimentado por carbón pretende hoy presentarse como victoria nacional
Por la Redaccion
Revista Dominicana
Por años, Punta Catalina ha sido presentada como la gran apuesta energética del Estado dominicano. Hoy, una nueva reseña intenta cerrar el debate con cifras: “Punta Catalina transfiere US$258 millones al Estado en 2025”. El titular es llamativo. El mensaje es claro: valió la pena.
Pero para quienes conocen el origen, el proceso y las consecuencias de este proyecto, la pregunta no es cuánto dinero entrega hoy, sino cuánto le costó al pueblo, qué modelo energético consolidó y qué daño sigue provocando.
Punta Catalina no fue fruto de una planificación democrática ni de un consenso nacional sobre la matriz energética. Fue una decisión política impuesta, tomada en 2013, cuando el mundo ya debatía la urgencia de abandonar los combustibles fósiles.
Desde su nacimiento, el proyecto estuvo marcado por:
- Opacidad en los contratos
- Sobrecostos injustificables
- Falta de fiscalización real
- Ausencia total de consulta ciudadana
El contrato inicial ascendía a US$1,945 millones. El costo final superó los US$3,000 millones. Esa diferencia no fue un error técnico ni una fatalidad: fue una transferencia masiva de recursos públicos hacia intereses privados. En términos simples y honestos: una estafa histórica.
La trampa del “aporte al Estado”
Hoy se nos dice que Punta Catalina aporta mediante amortización de deuda, impuestos y dividendos. Pero conviene no perder de vista una verdad elemental: esa deuda fue impuesta al pueblo sin transparencia ni consentimiento.
Celebrar que la planta paga deuda es celebrar que el pueblo logra cubrir un compromiso que nunca debió asumir en esas condiciones. No es ganancia social, es recuperación parcial de lo previamente saqueado.
Además, estos recursos no significan automáticamente:
- Reducción de la tarifa eléctrica
- Mejores servicios públicos
- Menor carga fiscal para la ciudadanía
Sin una política clara de redistribución social, el “aporte” queda reducido a un dato contable, no a un beneficio popular.
Tecnología obsoleta en plena crisis climática
Punta Catalina funciona con carbón mineral, una de las fuentes de energía más contaminantes y regresivas. Apostar miles de millones de dólares a esta tecnología en pleno siglo XXI no fue ignorancia: fue una decisión política alineada con intereses económicos, no con el futuro del país.
El carbón implica:
- Altas emisiones de CO₂
- Producción de cenizas tóxicas
- Riesgos sanitarios para comunidades cercanas
- Dependencia energética externa
Mientras otros países avanzan —con dificultades, pero avanzan— hacia energías limpias, la República Dominicana quedó atada a una infraestructura ambientalmente obsoleta y socialmente costosa.
El costo ambiental que no aparece en los balances
Los estados financieros no reflejan:
- El impacto en la salud pública
- El deterioro del aire, el suelo y el agua
- El riesgo ambiental acumulado
- La herencia tóxica para futuras generaciones
Desde una perspectiva social y progresista, el medio ambiente no es una externalidad. Es patrimonio colectivo. Un proyecto que contamina mientras “genera caja” no puede llamarse exitoso sin una profunda deshonestidad intelectual.
Presentar hoy a Punta Catalina como “pilar de las finanzas públicas” no es inocente. Busca:
- Reescribir la historia
- Normalizar la corrupción si produce resultados
- Convencer al pueblo de que el sacrificio fue necesario
Este discurso reduce el Estado a un gerente financiero, olvidando su función esencial: garantizar justicia social, soberanía y bienestar colectivo.
Un análisis honesto debe reconocer que:
- La rentabilidad no borra el origen corrupto
- El pago de deuda no equivale a beneficio social
- La tecnología utilizada es ambientalmente regresiva
- El pueblo nunca decidió, pero sí pagó
Demandas que siguen vigentes
Si Punta Catalina va a seguir operando, el país tiene derecho a exigir:
- Auditoría histórica independiente
- Responsabilidad penal y política para los responsables del sobrecosto
- Uso socialmente dirigido de cada dólar generado
- Reducción real de la tarifa eléctrica
- Plan de transición energética hacia fuentes limpias
- Control público con participación ciudadana
- Punta Catalina no es una victoria del pueblo dominicano.
- Es la demostración de que un modelo injusto puede generar dinero sin generar justicia.
El verdadero debate no es contable. Es político, social y moral.
Y mientras se maquille la estafa con cifras, la herida seguirá abierta.
