Editorial
Revista Dominicana
Hay denuncias que, por su gravedad y por las implicaciones que conllevan para la convivencia democrática, merecen la atención inmediata de la opinión pública y de las instituciones responsables de garantizar el Estado de derecho. La presentada recientemente por la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares y el colectivo de organizaciones de San Francisco de Macorís es una de ellas.
Las organizaciones denunciantes han advertido sobre la existencia de una presunta campaña de descrédito y criminalización contra dirigentes del movimiento popular de la provincia Duarte. Según afirman, dicha estrategia tendría como objetivo vincular a reconocidos activistas sociales con hechos delictivos sin que existan pruebas que sustenten tales señalamientos.
De acuerdo con el documento difundido públicamente, entre las personas señaladas por los denunciantes figuran el senador Franklyn Romero y el general Dionisio Natera Melenciano, director regional de la Policía Nacional. Ambos son mencionados como presuntos responsables de acciones que, según las organizaciones sociales, podrían poner en riesgo la integridad y la seguridad de varios dirigentes comunitarios.
La gravedad de estas acusaciones obliga a manejarlas con responsabilidad. No corresponde a los medios de comunicación sustituir a los órganos de investigación ni emitir veredictos anticipados. Sin embargo, sí corresponde informar sobre los hechos denunciados y reclamar que las instituciones competentes actúen con diligencia para establecer la verdad.
Las organizaciones denunciantes sostienen que se han difundido informaciones falsas con el propósito de desacreditar a dirigentes sociales, entre ellos José Mercado, figura ampliamente conocida en las luchas comunitarias y populares de la región Nordeste. De ser ciertas estas denuncias, estaríamos ante una situación preocupante para las libertades públicas y el ejercicio de la participación ciudadana.
La historia dominicana y latinoamericana demuestra que los procesos de estigmatización de líderes sociales han precedido, en ocasiones, episodios de persecución política, violencia o violaciones de derechos humanos. Durante distintos períodos de nuestra historia reciente, especialmente en los años posteriores a la Guerra de Abril de 1965, numerosos dirigentes políticos, sindicales, estudiantiles y comunitarios fueron objeto de vigilancia, persecución y represión. Esa experiencia histórica obliga a tomar con seriedad cualquier denuncia que involucre posibles amenazas contra activistas sociales.
Precisamente por esa memoria histórica, resulta indispensable que las autoridades competentes investiguen con prontitud y transparencia los hechos denunciados. La protección de la vida, la integridad física y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos —independientemente de sus posiciones políticas o sociales— constituye una obligación fundamental del Estado.
La democracia no se fortalece únicamente mediante elecciones periódicas. También se fortalece cuando los ciudadanos pueden organizarse, expresar sus opiniones y defender sus causas sin temor a represalias, amenazas o campañas de descrédito.
Por ello, corresponde al Ministerio Público, a los organismos de derechos humanos y a las instituciones de control examinar cuidadosamente las denuncias presentadas, determinar su veracidad y adoptar las medidas preventivas que sean necesarias para garantizar la seguridad de las personas involucradas.
San Francisco de Macorís y la provincia Duarte merecen que estas acusaciones sean esclarecidas. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad. Y el Estado dominicano tiene el deber de asegurar que cualquier diferencia política o social se resuelva dentro del marco de la ley, el respeto a los derechos fundamentales y la convivencia democrática.
