La lucha anticolonial puertorriqueña y la lucha antiimperialista dominicana son, en el fondo, el mismo combate contra el mismo sistema de extracción.
Por Felipe Lora
Revista Dominicana
El próximo 18 de julio, mientras el imperio estadounidense se prepara para conmemorar 250 años de su propia independencia, el pueblo puertorriqueño saldrá a las calles del Viejo San Juan a reclamar la que a él todavía se le niega. Cerca de veinte organizaciones, desde el Partido Independentista Puertorriqueño hasta la Colectiva Feminista en Construcción, pasando por el Comité de Solidaridad con Cuba y varios movimientos socialistas, han logrado algo que nuestra propia izquierda dominicana conoce bien lo difícil que es: converger en una sola convocatoria sin borrar sus diferencias. Esa “unidad en la acción” que anuncian como logro ya alcanzado, antes incluso de marchar, merece ser leída con atención desde República Dominicana.
La contradicción que exponen es la contradicción central del Caribe entero: no puede haber democracia real bajo tutela extranjera. La Junta de Control Fiscal, impuesta hace una década por el Congreso de Estados Unidos, con poder de veto sobre las decisiones de un gobierno “electo”, es el ejemplo más descarnado de esto. Ha consumido miles de millones en asesores y bufetes privados mientras estrangula a la universidad pública, y ha extraído decenas de miles de millones del bolsillo puertorriqueño para honrar una deuda que nunca fue auditada. No es gestión fiscal: es cobranza colonial con toga de tecnocracia.
Cualquiera que haya seguido de cerca el debate dominicano sobre nuestra propia deuda pública y el papel sumiso del Congreso reconocerá el patrón. La diferencia es de grado, no de naturaleza, nosotros negociamos nuestra subordinación con cierta ficción de soberanía; Puerto Rico ni siquiera tiene esa ficción. Pero el mecanismo, endeudar para luego intervenir, intervenir para luego despojar, es el mismo que hemos denunciado en el capítulo dominicano y en el haitiano. La deuda, aquí y allá, no es un accidente técnico: es una herramienta de dominación.
Hay otros hilos que unen esta convocatoria a nuestras propias luchas. Los organizadores denuncian proyectos inmobiliarios como “Esencia” en Cabo Rojo, que amenazan el agua, las costas y la vivienda de los sectores populares en nombre del turismo de lujo. Cualquier dominicano que haya seguido la resistencia en Los Romeros contra la megaminería, o los conflictos entre turismo depredador y comunidades costeras en nuestro propio territorio, reconoce de inmediato la lógica: el capital transnacional necesita territorio “vacío” de gente trabajadora, y para vaciarlo recurre al desplazamiento, al encarecimiento de la vida y, cuando hace falta, a la fuerza pública. Es el mismo guion que hemos analizado una y otra vez desde esta columna aplicado a la expropiación agrícola y turística dominicana.
También denuncian el uso militar del archipiélago al servicio de la estrategia imperial estadounidense en la región, un reclamo que resuena directamente con nuestras propias objeciones a los ejercicios como Escudo de las Américas y a la instrumentalización de la seguridad regional para fines geopolíticos ajenos a los intereses populares del Caribe.
Vale destacar que la convocatoria no se limita al archipiélago: habrá actividades simultáneas en Nueva York, Nueva Jersey, Orlando y Cleveland, reconociendo explícitamente que la diáspora forzada por el colonialismo es parte activa del proceso de liberación nacional. Esa comprensión, de que el exilio económico no diluye la pertenencia nacional, sino que la convierte en frente de lucha, debería ser una lección sobre cómo pensamos nuestra propia diáspora dominicana en Nueva Jersey, Nueva York y más allá: no como remesas y nostalgia, sino como base organizativa.
Desde esta columna, la solidaridad con la Marcha por la Independencia 2026 no es un gesto simbólico ni un saludo protocolario entre “hermanos caribeños”. Es reconocimiento de que la lucha anticolonial puertorriqueña y la lucha anti-imperialista dominicana son, en el fondo, el mismo combate contra el mismo sistema de extracción, librado en dos escenarios jurídicos distintos, colonia formal en un caso, semicolonia de facto en el otro, pero con el mismo enemigo de clase.
El 18 de julio, cuando el pueblo puertorriqueño camine de la Plaza Colón al Tribunal Federal, no caminará solo. Que quede claro desde República Dominicana: su independencia es también nuestra causa.
