Editorial
Revista Dominicana
Los más de quince mil niños que han perdido la vida en Gaza no son únicamente una tragedia palestina. Son una herida abierta en la conciencia de la humanidad. Cada niño muerto representa una derrota del derecho internacional, una derrota de la diplomacia y una derrota de la civilización.
Mil días pueden parecer una medida de tiempo cualquiera. En la historia de Gaza, representan una generación marcada por el horror: bombardeos, desplazamientos forzados, destrucción de viviendas, hospitales, escuelas y campamentos de refugiados; hambre utilizada como arma de guerra y bloqueo sistemático a la ayuda humanitaria.
Pero existe una cifra aún más devastadora: más de quince mil niños y niñas muertos, según estimaciones ampliamente difundidas por autoridades sanitarias y organismos internacionales. Cada uno tenía un nombre, una familia, un futuro. Cada uno representa un fracaso de la comunidad internacional.
Lo ocurrido en Gaza no es un episodio aislado ni una confrontación militar entre fuerzas equivalentes: es la expresión de décadas de ocupación, colonización y negación de los derechos nacionales del pueblo palestino. Ningún análisis serio puede ignorar ese contexto. Pero ningún contexto justifica ataques deliberados contra civiles, el secuestro de rehenes o cualquier violación del derecho internacional humanitario. Por eso mismo resulta igualmente inaceptable la devastación provocada por la respuesta militar sobre la población civil de Gaza: hospitales destruidos, periodistas y personal médico asesinados, familias desaparecidas bajo los escombros.
Si las normas del derecho internacional humanitario solo se aplican a determinados países y se suspenden cuando están en juego los intereses de las grandes potencias, dejan de ser normas universales para convertirse en instrumentos de conveniencia política. Estos mil días han expuesto el deterioro de la credibilidad de los organismos multilaterales: el veto que bloquea el alto el fuego, el respaldo político y militar de potencias occidentales a las operaciones israelíes. La responsabilidad de quienes suministran armas, financiamiento y cobertura diplomática no puede separarse de sus consecuencias sobre la población civil. La historia no solo juzga a quienes aprietan el gatillo, también a quienes facilitan que las armas sigan disparándose — mientras la industria militar obtiene ganancias extraordinarias y millones de personas enfrentan hambre y destrucción.
Desde América Latina y el Caribe —regiones que conocen las consecuencias de las intervenciones militares, el colonialismo y las políticas impuestas desde los grandes centros de poder— existe una responsabilidad moral de defender el derecho de todos los pueblos a vivir en paz, con soberanía y autodeterminación. La República Dominicana, cuya propia historia está marcada por luchas por la soberanía nacional, no debe permanecer indiferente. Nos corresponde defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas: la igualdad entre los Estados, la solución pacífica de controversias y la protección de la población civil en todo conflicto armado.
No basta con lamentar a las víctimas. Es indispensable exigir un alto el fuego permanente, la entrada irrestricta de ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes y detenidos civiles conforme al derecho internacional, la investigación independiente de los posibles crímenes de guerra, y el reconocimiento efectivo del derecho del pueblo palestino a vivir en un Estado libre, viable y soberano, en paz y seguridad con el pueblo israelí.
Los más de quince mil niños que han perdido la vida en Gaza no son únicamente una tragedia palestina. Son una herida abierta en la conciencia de la humanidad. Cada niño muerto representa una derrota del derecho internacional, una derrota de la diplomacia y una derrota de la civilización.
Que estos primeros mil días no sean recordados únicamente como el tiempo en que el mundo observó una catástrofe desde la distancia. Que también sean el punto de inflexión a partir del cual los pueblos del Sur Global, y junto a ellos todas las personas comprometidas con la paz y la justicia, renueven su compromiso con un orden internacional basado en el respeto al derecho, la igualdad entre las naciones, la defensa de la vida y la dignidad de todos los seres humanos.
Porque cuando el silencio se convierte en complicidad, la solidaridad deja de ser una opción para convertirse en un deber de conciencia.
