Organizaciones campesinas y comunitarias denuncian despojos de tierras, destrucción de cultivos y maniobras para prolongar el control del Ingenio Barahona hasta 2059.
Por la Redacción
Revista Dominicana
La Coordinadora Popular Nacional (CPN) llamó a las comunidades de la Región Enriquillo a participar este domingo 30 de agosto en una marcha en la zona cañera del Ingenio Barahona, en protesta por los abusos que organizaciones campesinas y trabajadores atribuyen al Consorcio Azucarero Central (CAC).
La movilización está pautada de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y recorrerá de Batey 2 a Batey 6. Entre sus principales demandas figuran la devolución de tierras que, según denuncian los organizadores, han sido despojadas a cientos de campesinos, así como el pago e indemnización a las familias cuyas plantaciones habrían sido destruidas.
La jornada es impulsada por organizaciones campesinas y comunitarias de Tamayo y de la zona cañera, con el respaldo de la Articulación Nacional Campesina (ANC), la Confederación Campesina y Barrial del Sur (El Retoño), la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), el Bloque Sur-Sur del Movimiento Campesino Dominicano (MCD), la Coalición Enriquillo, las iglesias y otras organizaciones sociales.
Una disputa por tierras que lleva décadas
Las organizaciones denuncian que el conflicto tiene sus raíces en el contrato de arrendamiento firmado entre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el CAC el 13 de diciembre de 1999.
Según la CPN, resulta especialmente preocupante que, 27 años después de la firma de ese acuerdo, la empresa continúe reclamando terrenos que, supuestamente, el Estado todavía no le ha entregado. Los movimientos sociales alegan, además, que el CAC habría incumplido durante años obligaciones económicas con el Estado, justificándose precisamente en esas reclamaciones pendientes.
La denuncia va más lejos. Las organizaciones sostienen que el Consorcio intenta ampliar su control sobre grandes extensiones de terreno de la Región Enriquillo, incluidas tierras pertenecientes a la reforma agraria, y advierten que esa expansión también podría otorgarle una posición privilegiada sobre las aguas vinculadas al proyecto hidroeléctrico de Monte Grande.
Para los movimientos de la zona, esta última cuestión reviste especial importancia: Monte Grande fue construido con recursos públicos y sus aguas, argumentan, deben servir prioritariamente al desarrollo agrícola y a las necesidades de las comunidades de la región.
El 2029 como fecha clave
Otro punto central de la controversia es el futuro del contrato del Ingenio Barahona.
La CPN sostiene que el arrendamiento vigente concluye el 13 de diciembre de 2029, pero denuncia que, mediante modificaciones y enmiendas, se estaría intentando prolongar el control empresarial sobre terrenos del ingenio, áreas de reforma agraria y otras tierras de la región hasta 2059.
De confirmarse estas denuncias, el conflicto trascendería las reclamaciones particulares de los agricultores afectados. Estaría en juego el futuro de una parte considerable del patrimonio territorial y agrícola de una de las regiones históricamente más empobrecidas del país.
La movilización como respuesta
La CPN y las organizaciones campesinas consideran que la movilización social será decisiva para impedir una mayor concentración de tierras y recursos naturales en manos del Consorcio Azucarero Central.
La marcha de este domingo se produce, por tanto, no solo como expresión de solidaridad con los agricultores que reclaman tierras y compensaciones. También busca retomar en la agenda pública una pregunta de mayor alcance: ¿quién debe decidir el destino de las tierras, el agua y los recursos productivos de la Región Enriquillo?
Para las comunidades convocantes, la respuesta debe comenzar por quienes viven, trabajan y producen en ese territorio.
